Editorial: Roban, pero salpican

Las recientes investigaciones periodísticas que han revelado la presunta responsabilidad de funcionarios de la Administración Pública Federal en el desvío de millonarios recursos del erario público –a través de empresas fantasma y presuntamente hacia universidades y centros educativos– dan cuenta de cómo la corrupción ha llegado a niveles inimaginables que han hecho de la presente administración una lucrativa empresa, con filiales y subsidiarias, que enriquecen ilícitamente a unos pocos. “Roban, pero salpican”, es el lema del antiguo régimen, refinado hoy en sus métodos, que vuelve a hacerse vigente.

De acuerdo con dichas investigaciones, la cadena de corrupción tiene su origen en los análisis de la Auditoría Superior de la Federación, que ha detectado múltiples irregularidades en contratos y en la aplicación de recursos. Once dependencias del gobierno federal otorgaron contratos ilegales por casi 8 mil millones de pesos, en complicidad con ocho universidades públicas. Y se afirma que 3 mil 433 millones de pesos se desviaron a empresas fantasma, sin cumplir los trabajos que motivaron los contratos, además de mil millones como comisión a las universidades para triangular recursos y contratar servicios a precios inflados. Esto sería el más grande de los fraudes en esta Administración, la cual, por cierto, dice tener como eje de gobierno el combate a la corrupción.

Entre las dependencias se encuentran Petróleos Mexicanos, Banobras, Fovissste, el Registro Nacional Agrario, las secretarías de Educación Pública, Desarrollo Social, Economía, Agricultura, Comunicaciones y Transportes, e instituciones educativas como la UNAM, la Universidad Autónoma de Morelos, la del Estado de México y la Universidad del Carmen, entre otras.

Un mal lacerante es el de la pobreza en este país. Recientemente, la Secretaría de Desarrollo Social celebró 25 años, presumiendo grandes logros en el combate a la pobreza; sin embargo, dicha dependencia es una de las más cuestionadas a causa de las irregularidades en el manejo del dinero para los pobres, principalmente durante el periodo de Rosario Robles Berlanga (2012-2015). Los resultados son más que escandalosos, sobre todo porque esta funcionaria lucró con la pobreza, dejando a miles sin las posibilidades de vivir y jugando con su futuro. Fallas en el diseño de programas, mala focalización de los mismos, errores en su implementación, falta de coordinación entre distintas instancias, deficiencias operativas y el otorgamiento de contratos sin cumplimiento. ¿Dónde quedaron esos millonarios desvíos? ¿Quiénes están viviendo ahora en la opulencia gracias al dinero que estaba destinado a los pobres, pero que nunca llegó a sus manos?

El combate frontal a la pobreza debe tener medidas enérgicas que desincentiven la comisión de cualquier fraude o delito. México está presumiendo de un vigoroso Sistema Nacional Anticorrupción, pero de proseguir estos fraudes bien estructurados, todos estos cambios legales serán sólo una carta de buenas intenciones. Las pruebas están dadas y los responsables deben actuar sin mayor dilación. Si bien algunas dependencias aseguran que se están realizando las reparaciones correspondientes, el pueblo debe conocer en qué consisten estos medios y cómo se ha logrado el resarcimiento de los fraudes.

La corrupción eclipsa lo bueno que pueda contar cualquier gobierno. Y cuenta mucho todo lo que se ha demostrado en estas investigaciones. El mejor informe hubiera sido conocer cómo la Administración Pública se ha dedicado a reparar estos delitos, recuperar lo defraudado y consignar a quienes estuvieron coludidos. Sin embargo, los culpables están a la vista. La lucha contra la corrupción no solapa ni cubre amigos y carnales. En una sociedad avanzada no hay contratos irregulares, licitaciones a modo, empresas fantasmas o errores administrativos. Un gobierno de compromiso pone a los corruptos en la cárcel.