Ignorantes de su propio oficio

Las recientes declaraciones de algunos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) contra el editorial del semanario Desde la fe, sobre el financiamiento a partidos políticos, han dejado en evidencia la calidad de estos funcionarios, quienes presumen de ser los hombres y mujeres más capaces para promover la democracia y defender la libertad de los ciudadanos en cuanto a sus derechos políticos. Sus autoritarias e intolerantes declaraciones tienen el peso de una opinión que es más producto de la visceralidad que de la racionalidad, y exhiben una supina y grave ignorancia.

El Consejo General del INE se ha convertido en una especie de entidad omnímoda capaz de sojuzgar, sin compromiso mínimo con la austeridad y la imparcial democracia. A principios de año, mientras el país sufría la convulsión del gasolinazo, los consejeros se obstinaron en la edificación de nuevas instalaciones de más de mil millones de pesos, bajo el argumento de ser necesarias para suspender las rentas, propiciar el ahorro y la funcionalidad a la burocracia con lugares más dignos.

Sin embargo, los consejeros tuvieron que echar reversa sólo por la presión social, que hizo ver al nuevo edificio como una obra ostentosa; pero olvidaron muy pronto la dieta y la austeridad. Y es que, para el año fiscal 2018, se prevé el presupuesto más alto de la historia de ese instituto. Sin el menor recato, el INE pide al Ejecutivo recursos que ascienden a los 18 mil 226.4 millones de pesos, bajo el pretexto de “organización de la elección más grande de nuestra vida democrática”. Muchos programas de desarrollo social quisieran un presupuesto similar, pero primero es la partidocracia, el mejor negocio que en México se ha creado.

El arrebato de los consejeros exhibe otras situaciones más delicadas y preocupantes, propias de funcionarios del antiguo régimen. En la sociedad pluricultural hay diversidad de opiniones que fincan una democracia que no está a capricho de la plutocracia, cobijada por autonomía constitucional. Las Iglesias o asociaciones religiosas contribuyen a la paz y al bien social. Sobra decir que la Constitución y leyes secundarias les prohíben inducir al voto en procesos electorales; sin embargo, no pueden renunciar a su deber de anunciar y denunciar, pues además de ser una responsabilidad cívica, es parte de su misión profética. O bien, los consejeros ignoran la ley electoral o hacen un manejo faccioso de la misma. Parece ser lo segundo.

Los amagos son el mejor recurso de la violencia ideológica, pues socavan la posibilidad del diálogo y sesgan la libertad de expresión, como si sólo algunos fueran merecedores de ese derecho. Habría que recordar a los consejeros que la ley prohíbe a los ministros de culto inducir el voto hacia un partido o candidato en tiempos electorales, y hasta donde sabemos, este semanario no es un ministro de culto, sino un órgano de opinión que echa mano de los más elementales derechos que la Constitución otorga: libertad de pensamiento y de difusión de las ideas.

Por otro lado, es absurdo exigir transparencia a la Iglesia cuando es bien sabido que no recibe dinero público ni se le asigna una partida presupuestaria o impuesto especial. Los donativos y limosnas provienen de la buena voluntad de los fieles, es dinero particular aplicado a obras de caridad o a la conservación de inmuebles propiedad de la nación. La Iglesia no es como el INE, cuyo proyecto de presupuesto total para el próximo año es nada menos que de 25 mil millones de pesos, monto que muy probablemente será consentido por la bondadosa paternidad del Poder Ejecutivo y palomeada por la complicidad de la partidocracia en el Poder Legislativo.

Este lamentable capítulo ha demostrado la calidad de las autoridades del Instituto Nacional Electoral. Y es preocupante. Todo esto hace pensar cómo es posible seguir sosteniendo a un consejo general del INE que, al amparo del Estado laico, amaga y desafía. Consejeros que ganan al mes casi 250 mil pesos, mientras millones sobreviven con 25 pesos al día. Ese es el México de los privilegios y de las profundas desigualdades.