Editorial: Seguridad Interior

Justo en el límite para concluir el primer período de sesiones ordinarias del tercer año de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, la Cámara de Senadores realizó consultas y discusiones para la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, controvertida disposición que busca la legalización de las Fuerzas Armadas en las calles, en tareas de seguridad pública. El proyecto aprobado por los senadores en la madrugada del 15 de diciembre fue ratificado en San Lázaro sin cambio alguno, a pesar de las protestas e inconformidades de organizaciones no gubernamentales y de organismos internacionales.

Hace 11 años, Ejército y Marina armada se vieron comprometidos con el combate al crimen, en medio de una progresiva escalada de violencia en diversas partes del país; tal situación llegó al punto en el que los enemigos de México se habían hecho del control de comunidades y municipios enteros. Candidatos iban y venían por voluntad de capos y mafiosos, la economía de lugares estratégicos pasaba por la fiscalización del narco, controlando hasta las importaciones en puertos. La corrupción, madre de todos los vicios, engendró ese monstruo que se comió a los cuerpos policiales; nada escapó a su poder y malignidad.

Una década después, las actividades de las Fuerzas Armadas en el país no tenían salida satisfactoria para que nuestros soldados cumplieran sus funciones legales y de protección a la población en materia de seguridad pública. Poco a poco han asumido roles que, en su momento, la autoridad civil ejercía, desplazándola ante irregularidades o casos de corrupción. Un primer paso se consumó cuando las capitanías de puertos fueron encargadas a la Marina armada. Ahora la Ley de Seguridad Interior parece legalizar la presencia de elementos castrenses en las calles.

Las estrategias de seguridad son cuestionadas por las cifras que le cuestan a una sociedad agobiada por la violencia, mientras aumentan los delitos de alto impacto. Millones se han erogado provocando una sangría de recursos económicos sin efectividad para planes que no han cumplido el principal objetivo. El informe de índice de Paz Global 2016, del Instituto para la Economía y la Paz, señala que la guerra contra el crimen costó a cada mexicano cerca de 17 mil pesos, y en ese mismo año, 2.2 billones de pesos fueron invertidos al respecto, representando el 13 por ciento del PIB nacional. El mismo documento afirma que “desde que la violencia comenzó a escalar en 2007, dicho gasto se ha incrementado a una tasa promedio de 12 por ciento anual. Esta tasa es mayor que el aumento promedio del gasto total del gobierno, que creció 9 por ciento en el mismo periodo. También fue mayor que el aumento de 7 por ciento en educación…”

No puede dejarse de lado que las Fuerzas Armadas gozan de la mayor credibilidad entre todas las instituciones del país; sin embargo, el desgaste de los elementos castrenses incide en esta pretendida eficacia de una guerra que debe combatirse a través de otros elementos debidamente calificados. La necesidad de una legislación efectiva debe considerar la progresiva y adecuada intervención de fuerzas civiles dotadas de tecnología y profesionalización. En esto es urgente un modelo efectivo de mando policial paralizado en el Congreso de la Unión y que se quiere llevar, de manera artificiosa, a una consulta popular en 2018.

La Ley de Seguridad Interior debería cubrir cualquier laguna porque nada en este tema debe darse por sentado o por libre interpretación, y menos al arbitrio discrecional de gobernantes a los que se ha probado nula capacidad para resolver problemas y más bien fueron aliados de grupos criminales. Es, de nuevo, vencer corrupción e impunidad. La presencia de las fuerzas armadas en las calles aminoró un camino hacia el desastre. Sin embargo, la urgencia principal, es que esa legislación tenga como eje rector el respeto total de los derechos humanos de los ciudadanos que quieren vivir en paz, ese es el mejor deseo de Navidad.

  

 

Ad